Líderes religiosos de los EEUU apoyan al proceso de paz de Colombia

Líderes religiosos de los EEUU apoyan al proceso de paz de Colombia
el 18 de mayo, 2015

(Ingles abajo) Una declaración pública de 32 líderes de organizaciones y comunidades religiosas en los Estados Unidos apoyando avances en el proceso de paz de Colombia y instando asistencia del gobierno de los Estados Unidos para la implementación de una paz justa y duradera fue lanzado el Lunes, 18 de mayo, como parte de los Dias de Oración y Acción por la Paz en Colombia celebrado en los Estados Unidos y Colombia.

“Valoramos profundamente las señales de apoyo de la Administración de Obama para las negociaciones de paz de Colombia, incluido el nombramiento de un enviado especial para el proceso de paz “, dijeron los líderes religiosos de los Estados Unidos. “Apelamos a todos los miembros del Congreso de los EE.UU. a unirse en un apoyo bipartidista a la paz, y en un compromiso de acompañar a ciudadanos colombianos de todos los sectores que intentan implementar la paz con verdad y justicia”.

Los signatarios hacen “una urgente invocación al gobierno colombiano y a la guerrilla del ELN para establecer negociaciones serias, y a los Estados Unidos y a la comunidad internacional para estimular este importante paso. La paz sólo podrá alcanzarse plenamente cuando todos los actores en el campo de batalla busquen poner fin al conflicto”. Finalmente, la declaración destaca laimportancia de incorporar “las justas demandas de las víctimas de todos los actores armados —víctimas de las guerrillas, de los paramilitares y de las fuerzas armadas colombianas— por alcanzar la verdad y la justicia, y por establecer reparaciones significativas y exitosamente implementadas, así como garantías para que el brutal pasado jamás se repita”.

Para obtener más información, comuníquese con:
Charissa Zehr
AsociadaLegislativade Asuntos Internacionales, Comité CentralMenonitade los Estados Unidos en la OficinadeWashington D.C.
charissazehr@mcc.org

Lisa Haugaard
Directora Ejecutiva, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
lisah@lawg.org

U.S. Faith Leaders Support the Colombian Peace Process
May 18, 2015

A statement signed by 32 leaders of faith-based organizations and religious communities from across the United States in support of the advancing peace process in Colombia, urging United States government assistance for the implementation of a just and lasting peace, was released on Monday, May 18th as part of a Days of Prayer and Action for Peace in Colombia celebrated in the United States and Colombia.

“We deeply value the Obama Administration’s increasing signs of support for the Colombian peace negotiations, including the appointment of a special envoy to the peace process,” said faith leaders from across the United States.  “We appeal to all members of the U.S. Congress to join in a bipartisan support for peace and to commit to accompany Colombians of all walks of life as they seek to implement peace with truth and justice.”

The signers “make an urgent appeal to the Colombian government and the ELN guerrillas to open serious negotiations and to the United States and international community to encourage this important step.  Peace can only be fully achieved when all actors on the battlefield seek to end the conflict.”   Finally, the letter emphasizes the importance of incorporating “the just demands of victims of all armed actors—victims of the guerrillas, paramilitaries and the Colombian armed forces—for truth, justice, meaningful and successfully implemented reparations, and guarantees that the brutal past will never be repeated.”

For more information, contact:
Rev. Michael Neuroth
Policy Advocate for International Issues, United Church of Christ’s Justice and Witness Ministries’ Office
NeurothM@ucc.org

Charissa Zehr
Legislative Associate for International Affairs, Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
charissazehr@mcc.org

Lisa Haugaard
Executive Director, Latin America Working Group
lisah@lawg.org

Honorable Presidente Barack Obama y Distinguidos Miembros del Congreso de los EE.UU.:

En nuestra calidad de líderes de un amplio rango de organizaciones y comunidades religiosas a lo largo de los Estados Unidos, nos sentimos enormemente animados por los avances logrados en el proceso de diálogo de paz en Colombia. Nos alientan los recientes acuerdos alcanzados por las partes involucradas en el diálogo para eliminar minas antipersonales y rendir cuentas sobre las personas desaparecidas, las acciones emprendidas por ambas partes para reducir el conflicto, y la disposición de las partes involucradas en el diálogo para escuchar a una dramática variedad de valientes víctimas de la violencia perpetrada por todos los actores armados. Ahora, más que nunca, estamos convencidos de que este proceso ofrece una oportunidad histórica para poner fin a un conflicto que ha desplazado a más de seis millones de mujeres, hombres y niños, y en el cual han desaparecido más de 25,000 personas y han muerto más de 220,000 colombianos, siendo más del 80 por ciento de las víctimas civiles.

Apreciamos profundamente las cada vez mayores señales de la Administración Obama en apoyo del diálogo de paz en Colombia, incluyendo el nombramiento de un Enviado Especial para el proceso de paz, así como la visita del Vice-Presidente Biden en 2014 para dar realce a las negociaciones y para destacar los derechos de las víctimas del conflicto. Apelamos a todos los miembros del Congreso de los EE.UU. a unirse en un apoyo bipartidario a la paz, y en un compromiso de apoyo a ciudadanos colombianos de todos los sectores que intentan implementar la paz con verdad y justicia.

Mientras avanza el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, hacemos una urgente invocación al gobierno colombiano y a la guerrilla del ELN para establecer negociaciones serias, y a los Estados Unidos y a la comunidad internacional para estimular este importante paso. La paz sólo podrá alcanzarse plenamente cuando todos los actores en el campo de batalla busquen poner fin al conflicto.

Aunque nos complacen los avances en el proceso de paz, sabemos que el camino por delante es difícil.  Tal como nos lo han indicado nuestros colegas colombianos: “No puede haber una verdadera reconciliación si no hay procesos de perdón entre enemigos (Mateo 18:21-22), de cuidadosa búsqueda de la verdad (Salmos 85:11), de justicia restauradora (Gálatas 6:1), y de reparación de las grandes heridas que resultan de más de 50 años de conflicto armado”. Invocamos a la Administración y al Congreso de los EE.UU. a incidir para que los negociadores colombianos incorporen las justas demandas de las víctimas de todos los actores armados —víctimas de las guerrillas, de los paramilitares y de las fuerzas armadas colombianas— por alcanzar la verdad y la justicia, y por establecer reparaciones significativas y exitosamente implementadas, así como garantías para que el brutal pasado jamás se repita. Este reto incluye abordar la grave exclusión social y política de las comunidades pobres y marginadas de Colombia, la cual contribuyó a alimentar el conflicto.

El gobierno de los Estados Unidos está utilizando el lenguaje de la paz – y ello es sumamente apreciado. Resulta también crucial que todas nuestras acciones y nuestra asistencia respalden la paz. En lugar de ayuda militar, la asistencia debe transformarse en apoyo para la implementación del acuerdo de paz, para atender las necesidades humanitarias, y para fortalecer las instituciones civiles. En una sociedad post-acuerdo de paz, las instituciones de justicia civil y la aplicación de la ley deben reemplazar a las fuerzas armadas en las zonas rurales colombianas, y las acciones de desarrollo deben ser lideradas por entidades civiles. Debe incrementarse la asistencia estadounidense hacia organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar a construir la paz en el terreno.

La asistencia de los EE.UU. debe también enfocarse en el retorno seguro y sostenible de tierras para personas desplazadas internamente y refugiados. Invocamos a los EE.UU. a defender y proporcionar financiamiento para programas de protección más efectivos para las comunidades de retornados, así como para defensores de los derechos humanos, miembros de sindicatos, comunidades afro-colombianas e indígenas, y grupos políticos que puedan participar en el proceso electoral una vez que se declare la paz. Debe recurrirse a la asistencia y la diplomacia estadounidenses para asegurar la plena implementación del Plan de Acción Laboral, suscrito antes de la firma del acuerdo de libre comercio; aún permanecen mayormente incumplidos los compromisos de este mecanismo con la protección de sindicalistas y la promoción del respeto a los derechos laborales.

Los fondos provenientes de los EE.UU. también deben apoyar sólidos mecanismos para buscar la verdad y la justicia, así como programas de desmovilización y reintegración, rehabilitación para combatientes menores de edad, programas para víctimas de la violencia sexual, educación sobre minas antipersonales y eliminación de las mismas, apoyo para familias de personas desaparecidas en cuanto a la búsqueda de sus seres queridos, y continuación de un robusto programa de derechos humanos. El gobierno de los EE.UU. puede contribuir a la búsqueda de la verdad sobre el conflicto, emitiendo una orden de alcance multi-agencias para desclasificar documentos de los EE.UU. para informar a una comisión de la verdad.

Del mismo modo que las partes en el conflicto se obligan a respetar los acuerdos de paz que surjan de las negociaciones, la comunidad internacional debe actuar para respetarlos también. Para los Estados Unidos, ello implicará respetar los acuerdos que se han logrado sobre políticas rurales y de drogas. Ello implica un mayor enfoque sobre desarrollo rural de pequeña escala con pequeños productores, y un enfoque en programas de desarrollo alternativo desarrollados con participación de los agricultores, en lugar de programas de fumigación aérea que destruyen los cultivos de alimentos esenciales y dañan el medio ambiente y la salud de las comunidades. Este cambio ofrece un enfoque más sostenible y efectivo para reducir la producción de drogas ilícitas y para fortalecer las comunidades rurales.

Paralelamente al desarrollo de la asistencia orientada hacia la paz, hay otras acciones que los Estados Unidos pueden tomar para ayudar a Colombia a construir la paz en el terreno. El gobierno de los EE.UU. puede instar al gobierno colombiano a desmantelar a los grupos sucesores de los paramilitares que siguen amenazando y dañando a las comunidades rurales y urbanas. Ello incluye investigar y procesar judicialmente a aquellos integrantes de las fuerzas armadas, la policía, autoridades civiles, terratenientes y empresarios colombianos que continúan instigando, ayudando y tolerando a estos brutales grupos. La paz sólo puede arraigarse plenamente cuando se aborden todas las diversas fuentes de la violencia.

Queremos advertir que al mismo tiempo que avanza el proceso de paz, se han incrementado las amenazas y ataques contra representantes de las víctimas, líderes del derecho a al tierra, líderes de grupos religiosos, defensores de los derechos humanos, dirigentes afro-colombianos e indígenas, y defensores de la pacificación. Ahora y después que se firme un acuerdo de paz, los Estados Unidos deben invocar al gobierno colombiano a denunciar estas amenazas y ataques, ofrecer mecanismos de protección y, lo que es más importante, garantizar que estas amenazas y ataques sean investigados y procesados judicialmente de manera oportuna y efectiva. Sólo puede alcanzarse la paz cuando todos los colombianos puedan ejercer y expresar sus derechos de manera libre y segura.

Finalmente, instamos a los Estados Unidos a reafirmar el papel de las asociaciones de víctimas, organizaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de la paz. Estas organizaciones pueden y deben jugar un papel vital en implementar y monitorear los acuerdos de paz, impulsar la reconciliación, prestar asistencia a las víctimas para reconstruir sus vidas, reintegrar a los ex-combatientes y reconstituir el tejido and social que la guerra ha desgarrado.

Urgimos a los Estados Unidos a asumir su obligación moral de ayudar a Colombia a construir una paz justa y duradera.

Rev. Geoffrey A. Black
General Minister and President, United Church of Christ

Rev. Mamie Broadhurst
Co-Moderator, Colombia Mission Network of the PC (USA)

J Ron Byler
Executive Director, Mennonite Central Committee U.S.

Sister Simone Campbell

Executive Director, NETWORK- A National Catholic Social Justice Lobby

Patrick Carola
Executive Director, Franciscan Action Network

Sr. Patricia Chappel
Executive Director, Pax Christi USA

Rev. Dr. John R. Deckenbak

Conference Minister, Central Atlantic Conference of the United Church of Christ

Rev. Elizabeth A. Eaton
Presiding Bishop, Evangelical Lutheran Church in America

Rev. Fritz Gutwein
Co-Director, Presbyterian Peace Fellowship

Lisa Haugaard
Executive Director, Latin America Working Group

Rev. Dr. Susan Henry-Crowe

General Secretary, General Board of Church and Society, The United Methodist Church

Nate Hosler
Director, Office of Public Witness, Church of the Brethren Secretary

Rev. Linda M. Jaramillo
Executive Director, Justice and Witness Ministries, United Church of Christ

Rev. Julia Brown Karimu
Co-Executive Global Ministries, President, Division of Overseas Ministries

Gerry Lee
Director, Maryknoll Office for Global Concerns

Dr. Eli S. McCarthy
Director of Justice and Peace, Conference of Major Superiors of Men

Reverend John L. McCullough

President and CEO, Church World Service

Rev. Dr. James Moos
Co-Executive Global Ministries, Executive Minister, Wider Church Ministries

Rev. Gradye Parsons
Stated Clerk of the General Assembly, Presbyterian Church (USA)

Fr. Antonio Ponce OMI
Director, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace and Integrity of Creation office

Diane E. Randall
Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation

Rev. Angel L. Rivera-Agosto
Latin America Area Executive, Global Ministries UCC/DOC

Rev. Kent Siladi
Conference Minister, Connecticut Conference United Church of Christ

Sandra Sorensen
Director, Washington Office of the United Church of Christ

Jean Stokan
Justice Team, Sisters of Mercy of the Americas

Sarah Thompson
Executive Director, Christian Peacemaker Teams

Rick Ufford-Chase
Co-Director, Presbyterian Peace Fellowship

Rev. Shannan Vance-Ocampo
Director of Colombia Programs, Presbyterian Peace Fellowship

Rev. Dr. Sharon E. Watkins
General Minister and President, Christian Church (Disciples of Christ)

Jim Winkler
General Secretary and President, National Council of Churches of Christ in the USA

Margot Worfolk
Board Chair, Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)

Scott Wright

Executive Director, Columban Center for Advocacy and Outreach

Dear President Obama and Members of the U.S. Congress,

As leaders of a broad range of faith-based organizations and religious communities across the entire United States, we are greatly encouraged by the advances in the Colombian peace process. We are heartened by the recent agreements of the negotiating parties to remove land mines and to account for the disappeared, by actions from both parties to reduce ongoing conflict, and by the willingness of the negotiating parties to listen to a dramatic range of courageous victims of violence by all armed actors.  Now, more than ever, we are convinced that this process offers an historic opportunity to end a conflict that has displaced more than 6 million women, men and children, disappeared over 25,000 and killed more than 220,000 people, over eighty percent of whom were civilians.

We deeply value the Obama Administration’s increasing signs of support for the Colombian peace negotiations, including the appointment of a special envoy to the peace process and Vice President Biden’s 2014 visit highlighting the negotiations and the rights of victims of the conflict.  We appeal to all members of the U.S. Congress to join in a bipartisan support for peace and to commit to accompany Colombians of all walks of life as they seek to implement peace with truth and justice.

As the peace process with the FARC guerrilla advances, we make an urgent appeal to the Colombian government and the ELN guerrillas to open serious negotiations and to the United States and international community to encourage this important step.  Peace can only be fully achieved when all actors on the battlefield seek to end the conflict.

As we rejoice in advances for peace, we know that the road ahead is difficult.  As some of our Colombian colleagues have told us, “there can be no true reconciliation if there are no processes: of forgiveness among enemies (Matthew 18:21-22), of carefully seeking the truth (Psalm 85:11), of restorative justice (Galatians 6:1), and repairing the great wounds resulting from more than 50 years of armed conflict.”   We urge the Administration and Congress to press the Colombian negotiators to incorporate the just demands of victims of all armed actors—victims of the guerrillas, paramilitaries and the Colombian armed forces—for truth, justice, meaningful and successfully implemented reparations, and guarantees that the brutal past will never be repeated. This challenge includes addressing the severe social and political exclusion of Colombia’s poor and marginalized communities that contributed to fueling the conflict.

The United States government is speaking the words of peace–and that is most welcome.  It is also critical that all of our actions and assistance support peace. Instead of military aid, assistance should be transformed to support peace accord implementation, address humanitarian needs, and strengthen civilian institutions.  In a post-peace accord society, civilian justice and law enforcement institutions should replace the military in Colombia’s countryside, and development efforts should be civilian-led.  U.S. assistance should be increased to civil society organizations that can help build peace on the ground.

U.S. assistance should also focus on the safe and sustainable return of land for internally displaced persons and refugees.  We urge the United States to advocate and provide funding for more effective protection programs for returning communities, as well as for human rights defenders, union members, Afro-Colombian and indigenous communities, and political groups that may join the electoral process once peace is declared.  U.S. aid and diplomacy should be used to ensure full implementation of the Labor Action Plan, signed prior to the free trade agreement; its commitments to protect trade unionists and encourage respect for labor rights are still largely unfulfilled.

U.S. funding should also support strong truth and justice mechanisms, as well as demobilization and reintegration programs, rehabilitation for child soldiers, programs for victims of sexual violence, land mine education and removal, support for families of the disappeared in the search for their relatives, and the continuation of a robust human rights program. The United States government can contribute to the quest to establish the truth about the conflict by issuing an inter-agency order to declassify U.S. documents for a truth commission.

Just as the parties to the conflict will be bound to respect the peace accords that emerge, so too should the international community act to uphold them.  For the United States, that will include respecting the agreements that have been reached on rural and drug policy.  This calls for a greater focus on small-scale, farmer-led rural development and for a focus on alternative development programs built with farmers’ participation rather than aerial spraying programs, which destroy staple food crops and harm the environment and communities’ health.  This shift offers a more sustainable and effective approach to reduce illicit drug production and strengthen rural communities.

As well as developing peace-oriented assistance, there are other actions the United States can take to help Colombia build peace on the ground.  The U.S. government can urge the Colombian government to dismantle paramilitary successor groups that continue to threaten and harm rural and urban communities.  This includes investigating and prosecuting those members of the Colombian armed forces, police, civilian authorities, landowners and businesses that continue to aid, abet and tolerate these brutal groups.  Only when all the varied sources of violence are addressed can peace fully take root.

We wish to caution that as the peace process advances, threats and attacks against victims’ representatives, land rights leaders, faith leaders, human rights defenders, Afro-Colombian and indigenous leaders, and peace advocates have increased. Now and following a peace accord, the United States must call on the Colombian government to denounce these threats and attacks, provide protection and, most importantly, ensure that these threats and attacks are promptly and effectively investigated and prosecuted.  Peace can only be achieved when all Colombians can freely and safely exercise and express their rights.

Finally, we urge the United States to reaffirm the role of victims’ associations, faith organizations, and civil society organizations in constructing peace. These organizations can and should play a vital role in implementing and monitoring peace accords, advancing reconciliation, assisting victims to rebuild their lives, reintegrating former combatants and rebuilding the societal fabric that war has torn asunder.

We urge the United States to embrace its moral obligations to help Colombia build a just and lasting peace.

Rev. Geoffrey A. Black
General Minister and President, United Church of Christ

Rev. Mamie Broadhurst
Co-Moderator, Colombia Mission Network of the PC (USA)

J Ron Byler
Executive Director, Mennonite Central Committee U.S.

Sister Simone Campbell

Executive Director, NETWORK- A National Catholic Social Justice Lobby

Patrick Carola
Executive Director, Franciscan Action Network

Sr. Patricia Chappel
Executive Director, Pax Christi USA

Rev. Dr. John R. Deckenbak

Conference Minister, Central Atlantic Conference of the United Church of Christ

Rev. Elizabeth A. Eaton
Presiding Bishop, Evangelical Lutheran Church in America

Rev. Fritz Gutwein
Co-Director, Presbyterian Peace Fellowship

Lisa Haugaard
Executive Director, Latin America Working Group

Rev. Dr. Susan Henry-Crowe

General Secretary, General Board of Church and Society, The United Methodist Church

Nate Hosler
Director, Office of Public Witness, Church of the Brethren Secretary

Rev. Linda M. Jaramillo
Executive Director, Justice and Witness Ministries, United Church of Christ

Rev. Julia Brown Karimu
Co-Executive Global Ministries, President, Division of Overseas Ministries

Gerry Lee
Director, Maryknoll Office for Global Concerns

Dr. Eli S. McCarthy
Director of Justice and Peace, Conference of Major Superiors of Men

Reverend John L. McCullough

President and CEO, Church World Service

Rev. Dr. James Moos
Co-Executive Global Ministries, Executive Minister, Wider Church Ministries

Rev. Gradye Parsons
Stated Clerk of the General Assembly, Presbyterian Church (USA)

Fr. Antonio Ponce OMI
Director, Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace and Integrity of Creation office

Diane E. Randall
Executive Secretary, Friends Committee on National Legislation

Rev. Angel L. Rivera-Agosto
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Rev. Kent Siladi
Conference Minister, Connecticut Conference United Church of Christ

Sandra Sorensen
Director, Washington Office of the United Church of Christ

Jean Stokan
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Sarah Thompson
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Rick Ufford-Chase
Co-Director, Presbyterian Peace Fellowship

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Rev. Dr. Sharon E. Watkins
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